La mayoría parlamentaria de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados atendieron y premiaron a empresarios mineros, modificaron la propuesta de reformas a la Ley Minera del presidente Andrés Manuel López Obrador y ampliaron hasta 80 años el tiempo de las concesiones en minería.

Para poder aplicar el fast track -no se puede hacer cuando se trata de una iniciativa que viene del Ejecutivo-, la bancada morenista presentó nueva iniciativa de reformas a la Ley Minera -con base en la del Ejecutivo pero con cambios sustanciales- la votó la madruga de este viernes y ya está en el Senado para su votación también.

La ley vigente señala que los industriales mineros podrán tener concesiones hasta por 100 años, la propuesta del presidente enviada a los diputados el pasado 28 de marzo establecía que dichas concesiones sólo podrán ser por un máximo de 30 años: un periodo de 15 años y con la posibilidad de sólo una prórroga por otros 15 años.

¿Qué establece la nueva iniciativa de Ley Minera?
Después de un largo encuentro privado el jueves del líder de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, con empresarios de la Cámara Minera, a la que acudió hasta el secretario de Gobernación, Adán Augusto López y el presidente de la Comisión de Energía, el morenista Manuel Rodríguez, llevó a la tribuna ayer mismo una nueva iniciativa firmada por él mismo, por el coordinador, Ignacio Mier, y la vicecoordinadora, Aleida Alavez.

La nueva propuesta expone que las concesiones tendrán una duración de 30 años, pero con derecho a una prórroga de 25 años y, concluido este plazo, el concesionario podrá participar en la licitación del mismo lote por hasta un nuevo periodo de otros 25 años.

Al concluir hasta ayer la sesión del martes que se encontraba en receso, convocaron de inmediato para una nueva -la correspondiente al jueves-, en la que se presentó la iniciativa, se le dispensaron todos los trámites y, sin pasar siquiera por comisiones para su dictamen, con el voto de la mayoría de Morena y sus aliados se le consideró de “urgente y obvia resolución” -como el Reglamento se lo da la mayoría cuando se trata de reformas solo a leyes y no a la Constitución- se sometió a discusión y votación de inmediato.

En menos de cuatro horas, las reformas se aprobaron, en lo general, con 290 votos a favor, 186 en contra y una abstención; y en lo particular, con 251 a favor, 209 en contra y una abstención.

Aunque el mismo presidente de la Comisión de Energía, Manuel Rodríguez, había anunciado que el tema se votaría hasta septiembre por falta de acuerdos entre los sectores, y que se convocaría a foros de parlamento abierto, la operación política morenista le permitió aprobar también reducir de 10 a 5 por ciento el monto de la contraprestación que se debe entregar a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, o cualquier otro habitante de un terreno concesionado, a fin de que ésta “no represente una carga incosteable”.

En materia de aguas, los diputados también le metieron mano. La iniciativa de AMLO sugiere que la autoridad del agua debe negar las concesiones de uso minero, cuando se determine que las personas interesadas pretenden concentrar más del 30 por ciento del volumen total de disponibilidad media anual de la cuenca, o acuífero de que se trate, una o más permisos y otros títulos para uso y aprovechamiento de agua.

En cambio, la iniciativa de los diputados elimina esa redacción y sólo deja la disposición de que, en caso de solicitudes de concesión para el uso industrial de la minería, no se deben otorgar permisos para la profundización de pozos de extracción, señala. Entre otros cambios registrados.

Y aunque la oposición reprochó los “sucios métodos”, el “madruguete” y el “albazo” de Morena y sus aliados para legislar, el jefe de la bancada morenista, Ignacio Mier, argumentó que “en reunión con el sector minero, escuchamos su opinión para regular esta industria, en armonía con el medio ambiente y el uso racional del agua. Nos acompañó en este diálogo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López”.

Entre otros cambios a la iniciativa original, señaló que “se precisa la consulta a los pueblos originarios; se consulta el aprovechamiento del agua; se precisa y se armoniza la temporalidad de la concesión de agua y la concesión de la mina; se establece con precisión que deberá ser tratada al menos el 60 por ciento del agua que utilizan; que no va a haber ya concesiones en zonas naturales ni en zonas donde esté sufriendo estrés los mantos hidrológicos, menos en las zonas protegidas; y que ahora las concesiones ya no serán producto de acuerdos o de compadrazgos, sino será a través de licitación pública”.

El decreto contiene reformas a las leyes Minera, de Aguas Nacionales, del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de concesiones para minería y agua.