Las extorsiones del crimen organizado contra comerciantes de pollo en Toluca, Estado de México, fueron un duro golpe a su economía, por lo que decidieron dejar de pagar el “derecho de piso” y tuvieron que contratar seguridad privada.

Sin embargo, las agresiones no han parado, desde la quema de bodegas hasta la privación de la libertad de propietarios y trabajadores.

Los comerciantes señalaron que hay aproximadamente 10 rastros de pollo en el municipio, los cuales han sido objetivo de la Familia Michoacana para las extorsiones, no obstante, hay negocios que se dedican al mayoreo o menudeo que también han sido visitados por hombres que se ostentan como integrantes de dicha organización.

 “Nos mandan mensajes, de todo tipo de amenazas… han quemado las bodegas, nuestros vehículos y han ido a balacear a nuestros negocios”.

El atraco de los delincuentes fue tal, que en algún momento ya no alcanzó para poder pagar las cuotas y algunos decidieron negarse a las cuotas y denunciaron ante las autoridades. 

“Hace aproximadamente como un año que fue cuando ya fue insostenible todo el dinero que estaban pidiendo”.

Lamentaron que las autoridades no brindaron protección y que esto permitió a la célula delictiva continuar con los ataques y amenazas, razón por la que algunos decidieron contratar seguridad privada.

 “Nosotros estamos pagando protección privada, únicamente que tiene como 15 días, que también no sé porque mandaron retirar la seguridad”.

Hartos de esta situación, de vivir con miedo, los comerciantes pidieron apoyo a la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, para que intervenga y ponga un alto a las extorsiones que viven desde hace más de tres años. 

 “Ya estamos cansados de que nos estén cobrando el derecho de piso, queremos trabajar, es lo único que queremos”.